23 agosto, 2011

LA RESERVA TRIBUTARIA

I. Definiciones básicas


En un principio, se consideraba que la Reserva Tributaria encontraba su sustento en el secreto profesional, de acuerdo al cual los trabajadores de la administración tributaria estaban impedidos de hacer públicos los hechos que conocieran durante el desarrollo de sus labores.Actualmente, se considera que el secreto profesional no es suficiente para explicarnos el porqué de la existencia y conveniencia de la institución que venimos analizando.

Para estos efectos creemos que es necesario tener presente que la Reserva Tributaria se origina en la confluencia de dos intereses: el interés del deudor tributario y el interés de la sociedad.

La Reserva Tributaria existe en interés del deudor tributario porque él se encuentra obligado a manifestar sin reservas todos los hechos y circunstancias personales o de terceros que le sean requeridos por la Administración y le conviene que tales contingencias se mantengan en secreto dado que la divulgación de alguna de ellas podría afectarle fuera del ámbito tributario.

La Reserva Tributaria existe, también, en interés de la sociedad ya que ésta incentiva el incremento de los ingresos tributarios del Estado. En efecto, el deudor tributario está más dispuesto a manifestar sus circunstancias personales cuanto más garantía tenga de que la Administración utiliza todos los hechos por ella conocidos para fines impositivos. Este motivo psicológico tiene un trasfondo jurídico real. Dado que nadie está obligado a exponerse a sí mismo al riesgo de la persecución penal, la obligación jurídico-impositiva de cooperación e información del deudor tributario termina allí donde cesa la protección mediante la reserva tributaria.

La reserva tributaria es una garantía para los deudores tributarios consagrada constitucionalmente, dado que obliga a guardar secreto a la Administración Tributaria sobre determinada información referida a las relaciones jurídico-tributarias que los contribuyentes aporten en sus declaraciones o informaciones, o que la Administración haya podido obtener de la fiscalización o de otras fuentes.

La reserva tributaria se encuentra sustentada en dos principios de origen constitucional:

a) el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y

b) el derecho a la intimidad.

Lo cual se sustenta en que no se puede acceder libremente a documentos ajenos si no se cuenta con la debida autorización del titular o propietario, ni transmitir la información obtenida sin la aprobación de la persona involucrada.
Ahora bien, la Administración Tributaria tiene la facultad de acceder a la información reservada para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de su deber de contribuir, pero debe observar la limitación respecto al uso de la información confidencial de los deudores tributarios, dado que solo puede utilizarla para sus propios fines.

Sin duda la información proporcionada por los deudores tributarios o terceros está vinculada con datos económicos y personales, que de ser divulgados podrían causarles perjuicio. Debido a este riesgo de vulnerabilidad es que la información se encuentra protegida por un deber especial de reserva de parte de los entes que la manejan, y así, la reserva tributaria viene a ser una protección adicional a la protección ordinaria prevista en el Código de Ética de la Función Pública, Ley N.° 27815, la cual establece la discreción como un principio de la actuación del servidor público.


II. Marco Normativo vigente

Como lo hemos expuesto inicialmente, la reserva tributaria tiene como sustento nuestra carta Magna y está recogida tambipen en el Texto Único Ordenado del Código Tributario.
Así tenemos que, el primer párrafo del artículo 85° del citado Texto establece que tendrá carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Administración Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base imponible, o cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las declaraciones e informaciones que obtengan por cualquier medio de los contribuyentes, responsable o terceros.
Es oportuno precisar, que el precitado artículo estipula algunos supuestos que se encuentran exceptuados de la reserva tributaria, tal es el caso por ejemplo de las exhibiciones de documentos y declaraciones que ordene el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación en los casos de presunción de delito, o las Comisiones Investigadoras del Congreso, con acuerdo de la comisión respectiva, con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Conforme al artículo 85º del Código Tributario, no sólo la administración tributaria está obligada a mantener el secreto de las declaraciones e informaciones sino que esta obligación se extiende, así mismo, a las entidades del sistema bancario y financiero que celebren convenios con aquélla para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a ella.

No obstante, conforme a la doctrina moderna, la Reserva Tributaria tiene un alcance más amplio ya que debe incluir a los funcionarios de la Administración Tributaria, a los Jueces y Fiscales, a los peritos a los que se ha recurrido oficialmente y a cualquier otro funcionario público o privado que de algún modo conociese las circunstancias del sujeto de deberes tributarios. Por ejemplo, si un juez solicita información tributaria a la Administración, los hechos que ella le comunique se encontrarán protegidos por la Reserva Tributaria, en virtud de la cual el Juez se encontrará impedido de dar un uso distinto a aquella información.




III. Implicancias legales por incumplimiento de la reserva tributaria
Si revisamos el último párrafo del artículo 186° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, veremos que son pasibles de las sanciones de suspensión o destitución, de acuerdo a la gravedad de la falta, los funcionarios y servidores públicos de la Administración Tributaria que contravengan lo establecido en el artículo 85° de dicho cuerpo normativo.
De manera que el incumplimiento de las reglas de la reserva tributaria da origen a medidas disciplinarias que deben ser observadas por los funcionarios públicos de la Administración Tributaria.
Al respecto, debe hacerse la salvedad que no incurren en responsabilidad los funcionarios y empleados de la Administración Tributaria que divulguen información no reservada ni aquellos que se abstengan de proporcionar información por estar comprendida en la reserva tributaria.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe quedar claro que aquel funcionario de la Administración Tributaria que, indebidamente, divulgue información protegida por la reserva tributaria podría ser denunciado por incurrir en el delito de Abuso de Autoridad tipificado por el artículo 376° del Código Penal, sancionado con una pena privativa de libertad hasta de tres (3) años, en concurso -según el caso- con delitos informáticos tipificados en los artículos 207°-A y 207°-C del Código Penal, sancionados con pena privativa de libertad hasta de siete (7) años.
Adicionalmente cabe precisar el caso del funcionario que perciba un beneficio por transgredir la reserva tributaria, quien podría ser denunciado por incurrir en el delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 393° del Código citado en el párrafo anterior, reprimido con pena privativa de la libertad hasta de ocho (8) años.


IV. A manera de conclusión.

Toda persona es dueña de manera exclusiva de la información sobre su situación patrimonial, puesto que forma parte de su ámbito secreto y personal. El secreto bancario y la reserva tributaria constituyen, en ese sentido, manifestaciones del derecho a la privacidad e implican una limitación a la actividad fiscalizadora de la administración, evitándose la divulgación de tal información y, que junto a los datos estrictamente económicos, se puedan facilitar aquellos que permitan la reconstrucción de los avatares personales a través de las operaciones económicas.
Este tipo de información sólo puede verse lícitamente invadida por la administración pública mediante la actuación de la autoridad tributaria en su función de controlar y fiscalizar las contribuciones al fisco. El derecho a la intimidad económica debe ceder, por ende, frente al interés público general, expresado en la obligación de los ciudadanos de contribuir con las cargas públicas.

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